En decisión del 27 de octubre de 2023, a raíz de una demanda presentada por Vale, Samarco y BHP impugnando el reconocimiento de áreas de los municipios de Fundão, Serra, Aracruz, Linhares, São Mateus y Conceição da Barra, en Espírito Santo, como afectadas, el juez Ricardo Machado Rabelo, inesperadamente y contrariamente a lo que había decidido el juez de primer grado, suspendió la validez de la Deliberación CIF nº 58 hasta que se realicen nuevos peritajes.  La decisión llega en vísperas del octavo aniversario del derrumbe de la presa de Fundão, considerado el mayor desastre socioecológico de la historia de Brasil. 
 
Recuperación histórica:  

El 5 de noviembre de 2015, la presa de Fundão se rompió en Mariana, en el estado de Minas Gerais, liberando 45 millones de metros cúbicos de residuos mineros en la cuenca del río Doce y afectando a miles de personas, hasta la costa del estado de Espírito Santo. 
 
Después de casi ocho años desde la rotura de la presa, los afectados de la cuenca del río Doce y de la costa de Capixaba denuncian que los problemas derivados de la llegada del lodo no han hecho más que aumentar, al igual que la falta de agilidad en las acciones legales a favor de la población. La decisión de suspender la Deliberación 58 es preocupante, ya que representa la negación de que la costa de Espírito Santo ha sido – y sigue siendo – dañada por los residuos de los lodos tóxicos que se están acumulando en los afluentes, en las cuencas fluviales adyacentes al Río Doce, y en el mar. 

El 31 de marzo de 2023, el entonces juez del caso, Michael Procópio, ordenó a Samarco, Vale y BHP depositar más de 10 mil millones de reales, en cuotas, en una cuenta judicial para garantizar la reparación de los territorios de la Deliberación nº 58, que abarca áreas de Conceição da Barra, São Mateus, Linhares, Aracruz, Serra y Fundão. A raíz de esta decisión, las empresas presentaron sus propias demandas para cada municipio e hicieron depósitos judiciales con las cantidades que ellas mismas estipularon. En favor de los municipios de Aracruz, São Mateus y Serra, se depositaron 7 millones de reales para cada uno, 5 millones de reales para el municipio de Conceição da Barra y 4 millones de reales para el municipio de Fundão.  

El 17 de octubre de 2023, el juez encargado del caso, Vinicius Cobucci, dictaminó que los municipios podían recibir la transferencia de estas cantidades, lo que representó una victoria histórica para los afectados de estas zonas, que llevan años y años luchando por el reconocimiento y el respeto de sus derechos.  

Pero paralelamente, las empresas contaminantes también han interpuesto una demanda en la que impugnan los estudios técnicos en los que se basó la CIF para fundamentar la Deliberación nº 58, con el objetivo de invalidar dicha deliberación. Esta es la petición que ha aceptado el juez y que suspende el reconocimiento de estas zonas del litoral de ES. Esta decisión aún puede recurrirse.  

En opinión de la Fundación Renova y de Samarco, Vale y BHP, el reconocimiento de la costa de Espírito Santo como afectada fue erróneo, ya que los estudios técnicos en los que se basó esta decisión contenían conclusiones diferentes a las de la Fundación Renova.  

Para el juez, sin embargo, la conclusión sobre la inclusión de nuevas zonas afectadas no puede basarse en circunstancias dudosas, argumentando que nuevos análisis técnicos establecerían la cuestión de manera definitiva. Por ello, ordenó la suspensión de la decisión que reconocía la validez de la Resolución 58 hasta que se realice un informe pericial. 

 

Retroceso 
 
La decisión del juez de suspender la validez de la Resolución nº 58 y ordenar un informe pericial podría suponer un enorme revés para garantizar los derechos de la población afectada en la costa de Espírito Santo. Cualquier cambio en la resolución podría ser muy perjudicial para los afectados de estas zonas, como que los municipios perdieran la posibilidad de utilizar estas cantidades para reparaciones, y perdieran su ya restringido acceso a los programas de la Fundación Renova, o incluso el derecho a un asesoramiento técnico independiente de las empresas causantes de los daños. 

La pericia puede ser una herramienta que ayude a comprender mejor la magnitud y gravedad de los daños en estas zonas. Sin embargo, ocho años después del derrumbamiento de la presa, tras los estudios ya realizados que han constatado graves daños y riesgo de daños en estas zonas, y tras el evidente descenso de la calidad y las condiciones de vida de la población, resulta vergonzoso afirmar que existen dudas sobre la existencia o no de daños en esta región. La población afectada es consciente de los daños causados porque se enfrenta a diario a las consecuencias de la catástrofe hasta el día de hoy.  

Es necesario esperar a tener información más concreta sobre los efectos de esta decisión, así como sobre los plazos para determinar los peritajes indicados.  

 

Movilización: para el reconocimiento de las personas afectadas en las regiones estuarina, costera y marina del estuario y del litoral de Espírito Santo. 

Dos puntos fundamentales en el debate sobre la reparación integral de los daños causados por una catástrofe son: la centralidad del sufrimiento de las víctimas y la búsqueda de que los afectados no experimenten una violación similar de sus derechos o un proceso de revictimización. Si se mantiene la decisión del juez de suspender la validez de la Deliberación nº 58, la población afectada de estas áreas pasará nuevamente por el proceso de tener que volver a visitar, reafirmar y probar que sufre desde hace ocho años la serie de daños causados – socioambientales, culturales, socioeconómicos y morales, entre otros. 

¿Cuánto tiempo y cuántos daños más tendrán que sufrir los afectados para ser reparados? Es hora de avanzar en la agenda de los afectados por los derechos y, para ello, el poder judicial debe ser ágil y consciente de la realidad de las personas afectadas. Las instituciones de Espírito Santo disponen de 30 días para recurrir la decisión.  

La insatisfacción y el riesgo de recorte de derechos que sufre la población afectada en estas zonas como consecuencia de la reciente decisión deben ser puestos en conocimiento de las instituciones de justicia y del poder judicial. La invisibilización de los afectados en estas zonas equivaldrá a una revictimización por los daños sufridos, además de impedirles acceder a cualquier medida de reparación, incluidos sus derechos a la información y a la participación.  

Usted que está afectado: ¿qué opina de esta decisión? Plantea tus reivindicaciones al mundo, ponte en contacto con la consejería de los territorios y luchemos por la justicia en el proceso de reparación integral. Ser reconocido como afectado para poder acceder a medidas de reparación es un derecho. Y los derechos no se pierden: se ganan y se garantizan. Ni un derecho menos. 

La Asesoría Técnica de Adai para los afectados está siguiendo el proceso para garantizar que la población esté informada.