La decisión representa una importante victoria para la población afectada.  

 

El 10 de agosto de 2023, el juez del caso Río Doce, Vinicius Cobucci, decidió reconocer el peso de las decisiones del Comité Inter-Federativo (CIF) en lo que respecta a las zonas consideradas afectadas. Al reconocer la validez de una decisión específica de la CIF, la decisión indica que las comunidades situadas entre el distrito de Nova Almeida (Serra/ES) y el municipio de Conceição da Barra deben ser incluidas como partes afectadas en el Caso Rio Doce. Son: Urussuquara, Campo Grande, Barra Nova Sul, Barra Nova Norte, Nativo, Fazenda Ponta, São Miguel, Gameleira y Ferrugem, en el municipio de São Mateus; Pontal do Ipiranga, Barra Seca, Regência, Povoação y Degredo, en el municipio de Linhares; Portal de Santa Cruz, Itaparica, Santa Cruz, Mar Azul, Vila do Riacho, Rio Preto a Barra do Sahy y Barra do Riacho, en el municipio de Aracruz; y Nova Almeida, en el municipio de Serra. Aunque estas comunidades y distritos han sido expresamente mencionados, el reconocimiento como afectados puede referirse a toda la zona comprendida entre Nova Almeida y Conceição da Barra. 

 

El reconocimiento de las comunidades estuarinas, costeras y marinas de Espírito Santo había sido concedido por la CIF en marzo de 2017, por medio de la Deliberación no. 58. En esa ocasión, el CIF ordenó a la Fundación Renova que iniciara, en un plazo de 30 días a partir de esa decisión, el Programa de Encuesta y Registro de los Impactados, con el fin de evaluar los impactos socioeconómicos del desastre en esas zonas.  

 

La decisión del FIC de determinar la posibilidad de incluir a las comunidades en los programas de Renova se basó en una nota técnica presentada por el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), organismo público vinculado al Ministerio de Medio Ambiente, que identificó que el área de cobertura de la catástrofe iba mucho más allá del canal del río Doce. El estudio también señalaba que aún podrían identificarse otras zonas en futuros controles. 
 

Contra la decisión de la FIC, Vale, Samarco y BHP Billiton acudieron a los tribunales, alegando que la Deliberación no. 58 era ilegal porque no se basaba en pruebas suficientes de que la zona se hubiera visto afectada. Las empresas impugnaron la técnica utilizada por el ICMBio y presentaron estudios de la consultora TETRA+, contratada por la Fundación Renova para contrarrestar la decisión del CIF. Las empresas también alegaron que las sentencias no representaban necesariamente la interpretación correcta de las obligaciones de reparar los daños causados por el derrumbe de la presa. 

 

Pero en agosto de 2023, el juez Vinicius Cobucci señaló que el FIC consiste en lo que él llama un «Foro que expresa las opciones políticas de la Unión y de los estados de Minas Gerais y Espírito Santo, con la participación de la sociedad civil» y lo restablece como el órgano legítimo de decisión en materia de reparaciones. Ello se debe a que es el organismo responsable de garantizar que los intereses privados no prevalezcan sobre los intereses públicos. Por eso el Comité tiene poderes que lo sitúan a un nivel superior al de las partes cuando se trata de debatir cuestiones relacionadas con las reparaciones.  

 

En un extracto de la decisión, el juez afirma expresamente que «es evidente que la dirección y la última palabra en la conducción de las reparaciones corresponde a la administración pública.» Para impugnar las deliberaciones de la CIF, las empresas deben demostrar graves defectos o violaciones de los acuerdos firmados. En caso de duda sobre la interpretación, el juez indica que optará por la precaución y la protección de la naturaleza. 

 

Esta decisión aún puede recurrirse ante el Tribunal Regional Federal de la 6ª Región y el órgano consultivo técnico de los afectados seguirá la evolución del caso para cumplir su función de informar a la población. 

 

La batalla de la población afectada por el reconocimiento de estas comunidades dura ya casi ocho años. Según la Deliberación n. 58 y la decisión del juez, se pueden reconocer otros ámbitos, de ahí la importancia de la organización, participación y búsqueda de derechos de las personas afectadas, que ahora también cuentan con el apoyo de sus asesores técnicos. 

 

Más información y acceso a la resolución n 58/2017 del FIC: cif-2017-03-31-deliberacao_58.PDF (ibama.gov.br)