En la tarde del 22 de julio de 2022, nosotros, los órganos consultivos técnicos independientes elegidos – ADAI (Asociación Interestatal de Desarrollo Agrícola), AEDAS (Asociación Estatal de Defensa Ambiental y Social), CAT (Centro Agroecológico de Tamanduá), Cáritas Diocesana de Itabira y Cáritas Diocesana de Governador Valadares, nos reunimos con el nuevo juez del caso Samarco, el Hon. Sr. Dr. Michael Procópio Alves Avelar, en el 12º Tribunal Agrario Federal de Belo Horizonte.

Con Su Señoría se trataron temas importantes como: la historia de las elecciones participativas de las entidades elegidas para el asesoramiento técnico en la cuenca del río Doce, el proceso de negociación para la contratación de los ATI entre 2018 y 2019, los acuerdos firmados en su día -TAP, Modificación del TAP y Gobernanza del TAC-, así como así como la posterior promulgación de la Política Estatal para las Personas Afectadas por las Presas (Política Estadual de Atingidos por Barragens – PEAB) y las demandas de la Asamblea Legislativa del Estado de Minas Gerais para la realización del derecho de los afectados al Asesoramiento Técnico Independiente.

También abordamos las preocupaciones de las organizaciones elegidas por las comunidades para llevar a cabo un servicio de Asesoramiento Técnico Independiente con un alcance reducido, de acuerdo con las condiciones establecidas por las empresas.

Nuestras organizaciones fueron elegidas entre octubre de 2018 y febrero de 2019 por todas las comunidades afectadas por la Cuenca del Río Doce y el litoral de Espírito Santo, en los 18 territorios, en un proceso organizado por el Fondo Brasil de Derechos Humanos, experto del Ministerio Público Federal en el tema de la participación social. El proceso de selección implicó innumerables reuniones, asambleas y la participación de más de 3.000 afectados en las asambleas de selección, todo ello acompañado por el Grupo de Trabajo Río Doce (Ministerio Público Federal – MPF, Ministerio Público de Minas Gerais – MPMG, Ministerio Público de Espírito Santo – MPES, Defensoría Pública Federal – DPU, Defensoría Pública de Espírito Santo – DPES, Defensoría Pública de Minas Gerais – DPMG).

En septiembre de 2019 se ratificaron las entidades elegidas por las comunidades afectadas por la cuenca del Río Doce, pero desde entonces no han avanzado las negociaciones con las empresas y el caso se judicializó en enero de 2020.

Después de la judicialización, y con la pandemia del Covid-19, las entidades, impedidas de debatir con las comunidades, vieron desmoronarse sus Planes de Trabajo construidos con participación social. La reducción del alcance, el impedimento para recoger datos primarios, la reducción de los equipos e incluso el cuestionamiento de la necesidad de consultores para la costa de Espírito Santo son algunas de las cuestiones que se han planteado.

Con la postura técnica y cooperativa del nuevo juez del caso, esperamos con optimismo que esta vez se ponga en primer plano lo más importante: la garantía del pleno derecho a la reparación integral, con la efectiva participación informada de las personas y comunidades afectadas.

El río aún corre. El pueblo sigue luchando.